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por Eduard Sagarra Trias
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Ante el drama
colectivo que acaba de producirse en Lampedusa, con la muerte o desaparición de
mas de 400 personas que, de origen eritreo o somalí, buscaban asilo o
simplemente sobrevivir, el Papa Francisco, no ha tardado ni 12 horas en
calificarlo como “una vergüenza “y
el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon como “una llamada de atención a la comunidad internacional".
No se necesita saber
mucha geografía ni política para constatar que Lampedusa es Italia y que Italia
forma parte de la Europa del bienestar, baluarte en todo el mundo de los derechos y valores de
las personas, de todas, y de la garantía de su dignidad, dentro y fuera de la
Unión Europea.
Si la Unión Europea y
sus miembros tienen corresponsabilidad estatal y en el mercado interior, en el comercio
internacional, y sobre aspectos esencialmente económicos, como la crisis
bancaria, la prima de riesgo, el control del déficit, cabe preguntarse si también
sus estados, autoridades son corresponsables colectivos y estatales de un trato “humano y digno a las personas", aunque
no sean ciudadanos de la Unión Europea.
En pleno 2013,(siglo
XXI) no es admisible que Europa y los 28 Estados
miembros miren distraidamente hacia el cielo o se escuden o excusen su omisión en
los presupuestos, en la crisis bancaria, en las burbujas inmobiliarias, o en
la ley de cada Estado que castiga la ayuda a los irregulares, para no
implicarse en la defensa de la dignidad de las personas inmigrantes, asiladas o
refugiadas,que buscan una esperanza de vida en la Europa de la “Champions
League”.
La dignidad no es sólo
un valor moral o religioso, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y su
defensa es la base de la convivencia y debe de protegerse adecuadamente a todas
las personas sin distinción de nacionalidad credo o posición social.
Nuestra Constitución 1978
así lo señala en el artículo 10.1, y cabe recordar que es el primer artículo de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, integrada en el Tratado de
la UE, el que reza: “La dignidad humana es inviolable. Ha de ser respetada y
protegida”.
La dignidad por lo
tanto nos conduce a la corresponsabilidad de Europa, a la Unión, a la de sus
Estados y también a quienes legitimamos sus gobiernos, es decir, los ciudadanos, de la Unión y en la Unión.
Lampedusa, Melilla, el
estrecho de Gibraltar o Canarias no son puntos geográficos, son dramas humanos
de aquellos a quienes sólo les queda por perder su vida. Debemos afrontar y solucionar
colectivamente esta situación, que irá a más, para no seguir avergonzándonos
como ciudadanos europeos que aspiramos a ser defensores de los derechos
humanos.
Eduard Sagarra Trias
Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en
España
Abogado Socio Roca Junyent;
Profesor de Esade